La importancia de la Información Geográfica en la toma de decisiones en campos tan diversos como la mitigación de desastres y gestión de riesgos, la lucha contra la pobreza y para el desarrollo sostenible, la ordenación del territorio, etc., se ha resaltado en diversas ocasiones.

Y aunque actualmente es clara la tendencia a favor de abrir los datos generados por las administraciones públicas, tanto en España como a nivel internacional, todavía queda mucho trabajo por delante; además de aumentar la reutilización de la información liberada, asegurar su calidad, incorporar criterios de interoperabilidad o un mayor uso de estándares de referencia, faltan aun por incorporar muchos conjuntos de información a los portales de datos abiertos.

Hace unos días en el portal de datos abiertos de España entrevistaban Antonio F. Rodríguez Pascual, subdirector adjunto del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), el organismo encargado de difundir, producir y distribuir los productos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la entrevista le preguntaban cuales eran a su juicio los motivos principales que deben impulsar a las administraciones públicas en España a abrir sus datos. Su respuesta, que se reproduce a continuación, nos deja hasta diez buenas razones para abrir los datos que generan las Administraciones Públicas.

Ventajas de abrir los datos geográficos que generan las administraciones públicas

Datos producidos con recursos públicos

Se puede plantear que una vez que un organismo público genera unos datos con recursos públicos, procedentes de los impuestos de los ciudadanos, y en el ejercicio de sus funciones, orientadas a la postre a dar un servicio a las necesidades de la sociedad ¿hasta qué punto tiene derecho a limitar el acceso a los datos producidos a esos mismos ciudadanos invocando los derechos de autor?.

Beneficios para la economía

El tener datos abiertos es beneficioso para la economía de un país, tal y como han demostrado sucesivos estudios y análisis. Ya en el año 2000, el conocido informe PIRA, encargado por la Comisión Europea para realizar un extenso análisis económico de la explotación del sector de la Información del Sector Público (ISP) en Europa, realizó una extensa comparación entre EE. UU. y Europa, dos economías muy similares por aquel entonces en tamaño. Llegó a la conclusión de que euro invertido en producción de datos geográficos públicos en EE. UU. se traducía en un aumento del sector ISP de aproximadamente 44 €, mientras que en Europa ese incremento era tan solo de unos 8 €. Una de las causas de esa diferencia se concluía que era el hecho de que a la sazón los datos geográficos federales en EE. UU. eran abiertos, mientras que en Europa eran completamente cerrados. Todos los estudios que conocemos realizados después sobre el mismo tema han confirmado esas conclusiones.

Beneficio social

Varias iniciativas internacionales directamente relacionadas con el desarrollo económico  promueven la adopción de políticas de datos abiertos como un factor claro de crecimiento y beneficio social y subrayan la importancia de los datos geográficos como una de los tipos de información prioritarios en ese sentido. Por citar solo tres, la Open Data Charter impulsada por el G8 en el 2013, la International Open Data Charter, apoyada por el G20 y Naciones Unidas en el 2015, y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, recomiendan los datos abiertos, especialmente los geográficos.

Las ventas de licencias comerciales no son relevantes

Según la experiencia del CNIG durante los últimos años, podemos decir que debido a la globalización, la democratización de la cartografía, la economía de la gratuidad y la eclosión de los servicios web, los ingresos por concesión de licencias de uso comercial son cada vez menos relevantes. En el año 2015, los beneficios totales por ese concepto supusieron tan solo un 8 % del presupuesto del CNIG. Se puede concluir en líneas generales que la comercialización de datos geográficos hace tiempo que dejó de ser un buen negocio.

Colaboración ciudadana

Tener una política de datos abierta permite a un productor de datos geográficos oficiales aprovechar las posibilidades de la Neocartografía o Información Geográfica Voluntaria (IGV), porque efectivamente ¿cómo se puede motivar a los ciudadanos voluntarios a colaborar en la captura y producción de datos geográficos si en el proceso deben renunciar a la propiedad de unos datos que luego pretendemos venderles?

Adaptación al mercado

Por otro lado, permite a los GeoInstitutos competir, digamos, en igualdad o similitud de condiciones en cuanto a usos permitidos y licencias, con otros actores ciertamente populares que ofrecen datos y servicios geográficos abiertos o en condiciones bastante abiertas, como pueden ser por ejemplo OpenStreetMap, que tiene una licencia ODbL similar a una CC BY-SA, Geonames con su licencia CC BY o la API de Google Maps y los servicios de Carto con sus modelos de negocio freemium, que ofrecen servicios gratuitos hasta cierto número de consultas y si se cumplen ciertas condiciones.

Mayor difusión de la información

Si los organismos oficiales que producen datos geográficos ofrecen datos de referencia, es decir, datos geográficos cuyo objetivo es servir para georreferenciar datos de otros temas, es lógico que promuevan su utilización en todo tipo de aplicaciones y por todo tipo de usuarios, para lo cual parece evidente que la mejor situación es que se difundan como datos abiertos.

Estimulo a la investigación

La experiencia del IGN durante los años en los que comercializaba datos geográficos fue que esa política de datos suponía un freno muy importante a la investigación, aun cuando se establecieron descuentos hasta del 90 % para usos de I+D, dada la permanente escasez de recursos dedicados a tal fin. Muchos trabajos de investigación resultaban inviables, por lo que disponer de datos abiertos constituye realmente un estímulo a la investigación y se puede decir que la fomenta.

Demanda social

Es una demanda social real que desde hace años aparece dentro del sector de la IG en algunos medios de comunicación y redes sociales. Baste mencionar la campaña para la liberación de los datos geográficos mantenida por «The Guardian» en Reino Unido y la aparición en Londres en el año 2004 del fenómeno OpenStreetMap, entre otras razones, como reacción a la política de datos cerrados mantenida por entonces por el Ordnance Survey. Curiosamente, esta es una de las pocas demandas en las que coinciden tanto la derecha y los neoliberales, que piden un sector público ligero y al servicio del sector privado, que le ceda sus datos, y la izquierda, que concibe una administración al servicio del ciudadano que le facilite todos los datos que gestiona.

Retorno de la inversión

Por último, hay que hacer notar que abrir los datos siempre genera retornos intangibles muy relevantes, utilización de los datos en proyectos de investigación e iniciativas internacionales de prestigio, mejora de la imagen corporativa, mayor presencia en la red y en redes sociales, sinergias con otros sectores de aplicación, etcétera. Y en ocasiones, los beneficios indirectos no son tan intangibles, como cuando el abrir los datos fomenta que se desarrollen aplicaciones sobre ellos que luego resultan útiles para el productor de datos en sus procesos de producción.

Todo ello, junto con otras razones, hace en general aconsejable el que un productor de datos geográficos oficiales adopte una política de datos abiertos, si bien también entendemos que en algunos casos hay organismos públicos que no pueden hacerlo así porque se lo impide el marco legal vigente o su situación política y administrativa, que les obliga a  autofinanciarse total o parcialmente, lo que hace inevitable el que traten de obtener un retorno económico por la utilización de sus datos. En esos casos hay que recordar que dado el alto coste que supone generar datos geográficos, el retorno que se obtiene con su comercialización, teniendo en cuenta los precios que admite el mercado, cubre solo una pequeña parte.