La reorganización de los servicios cartográficos
¿En qué consistió la reforma cartográfica republicana? En esencia fue una contrarreforma, consistente en devolver a la cartografía oficial el modelo organizativo ideado por el reformismo liberal ochocentista. En efecto, desde mediados del siglo XIX la cartografía oficial española había estado a cargo de dos instituciones distintas, una civil y otra militar. La institución civil era el Instituto Geográfico, dependiente del Ministerio de Fomento, que era responsable del catastro y del levantamiento del Mapa topográfico de España a escala 1:50.000. El Depósito de la Guerra, al propio tiempo, era responsable de la cartografía militar y colonial.
Este modelo quedó alterado a partir de 1923 cuando el directorio militar presidido por el general Miguel Primo de Rivera decidió militarizar la política cartográfica, y otorgar competencias a los cartógrafos del Depósito de la Guerra para tomar parte en el levantamiento del Mapa topográfico a escala 1:50.000.
El aspecto más llamativo del modelo impuesto por Primo de Rivera, que rompía netamente con la tradición anterior, fue la creación de dos nuevos organismos cartográficos: la Inspección de Cartografía y el Consejo Superior Geográfico. La Inspección quedaba a cargo del segundo jefe del Estado Mayor Central. Su misión era la de coordinar los trabajos relativos al Mapa topográfico de España, y asignar tanto al Instituto Geográfico como al Depósito de la Guerra las zonas en las que debían efectuarse los trabajos de campo. El Consejo Superior Geográfico tenía la tarea de fijar las necesidades cartográficas del país, especificar las características técnicas de los levantamientos, y asignar los recursos. También estaba presidido por el segundo jefe del Estado Mayor Central, actuando como secretarios un ingeniero geógrafo y el jefe del Depósito de la Guerra. En definitiva, la dictadura puso la dirección efectiva de la política cartográfica en manos del Ministerio de la Guerra, otorgándole el control directo del Consejo Geográfico y la Inspección de Cartografía.
La reorganización planteada por Manuel Azaña incidía justamente en este punto. El político republicano decidió desandar el camino y tendió a restaurar el estado de cosas anterior a 1923: limitó los trabajos cartográficos del ejército a los de estricta finalidad militar, y devolvió al Instituto Geográfico la plena responsabilidad sobre la ejecución de la carta topográfica de España. Paralelamente, introdujo tres novedades de bastante alcance: ordenó que las minutas del Mapa topográfico nacional fuesen aprovechadas para formar la cartografía militar, asignó al Instituto Geográfico la competencia exclusiva sobre la reproducción de trabajos cartográficos, y creó una Comisión Militar de Enlace con el Instituto Geográfico y Catastral. Esta comisión tenía la tarea de «preparar los planos civiles y nacionales que hayan de reducirse con fines militares y servir de órgano de enlace con el Estado Mayor Central para la recepción y publicación de las minutas que elaboren las Secciones Topográficas Divisionarias y la Comisión de Marruecos». Tal es el núcleo de la reforma cartográfica de Manuel Azaña.
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Las reformas cartográficas de Manuel Azaña (1931-1933)
A los pocos días de haberse constituido el gobierno provisional de la República, que presidía Niceto Alcalá Zamora, se produjeron los primeros cambios en el ordenamiento cartográfico. Así, el 21 de abril de 1931, se publicó un decreto por el que se refundía la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, dependiente entonces de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la Dirección General de Estadística. El nuevo organismo resultante pasó a denominarse Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, quedando adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión, cuya cartera estaba en manos del dirigente socialista Francisco Largo Caballero.
Las razones que llevaron a Alcalá Zamora a firmar ese decreto fueron de índole diversa. La creación de la nueva dirección general suponía, en primer lugar, una cierta vuelta al ordenamiento cartográfico institucional vigente durante la Restauración y que era fruto del liberalismo reformista de mediados del siglo XIX. Pero, también, tal como lo señalaba el mismo Alcalá Zamora en el prólogo del decreto de refundición, representaba una rectificación de la política seguida por el régimen anterior, porque «la Dictadura, en su fácil y pródiga creación de organismos nuevos, a más de recargar el presupuesto, fue desnaturalizando la índole de la Presidencia, a la cual vinieron sin conexión manifiesta ni correlación orgánica entre si, múltiples servicios que deben, cuando no sea posible suprimirlos, pasar a depender de otros ministerios. La tendencia rectificadora, con ahorro para el Tesoro y ventaja para la marcha de la Administración, se inicia por el presente decreto (...)»
